La lentitud en la Justicia no es una novedad dentro de nuestro sistema orgánico de Jueces y Tribunales. Sin embargo, es noticia cuando se ha conocido que el Tribunal Constitucional, nuestro órgano intérprete de la Constitución, ha admitido un recurso de amparo al considerar que la fijación de señalamientos tardíos es una cuestión de especial transcendencia constitucional al vulnerarse el derecho a la tutela judicial efectiva. En la propia resolución del Tribunal Constitucional se recoge que:
“La Sección ha examinado que concurre en el mismo una especial trascendencia constitucional (art.50.1 LOTC) como consecuencia de que la doctrina de este Tribunal sobre el derecho fundamental que se alega podría estar siendo incumplida de modo general y reiterando por la jurisdicción ordinaria o pudieran existir resoluciones judiciales contradictorias sobre el derecho fundamental [STC 155/2009, FJ 2, e)]”
Concretamente se está solicitando amparo en un litigio de la jurisdicción social cuya celebración del juicio se ha fijado para tres años vista. La resolución que se adopte al respecto va a suponer un antes y un después en el funcionamiento de los Juzgados y Tribunales, ya que el hecho de fijar señalamientos tardíos tiene la amenaza de considerarse una vulneración del artículo 24 de la Constitución.
La lentitud de la Justicia no es un elemento diferencial del orden jurisdiccional social. En efecto, se extiende a todas y cada una de las jurisdicciones de nuestro ordenamiento jurídico. No obstante, en ocasiones, se puede observar en algunos partidos judiciales una mayor agilidad judicial en un determinado orden jurisdiccional que en otro y en algunos Juzgados más que en otros. Esto último, se debe a diversos motivos, entre ellos, al tipo de asuntos o bien al reparto que realiza el Decanato del Juzgado, al volumen de trabajo heredado de años anteriores, al personal que tengan a su disposición, etc., no siendo el mismo en todos los partidos judiciales.
En otro aspecto, la jurisdicción penal en relación con el resto de las jurisdicciones, y debido al Principio de celeridad procesal, tiende a ser más ágil en su funcionamiento con la finalidad de evitar que el investigado no se vea sometido a ciertos efectos negativos como la duración inadecuada y excesiva de los juicios penales o su culminación de manera pronta. Es por ello por lo que suelen, fijar fecha para la práctica de declaraciones, de diligencias o para la celebración del juicio lo antes posible.
Sin ir más lejos, los letrados deben combatir, día a día, con una situación que lleva denunciándose años, enfrentándose a la prolongación de los plazos y reclamando la perentoriedad de los mismos, sean legales o judiciales. Todo ello, a fin de conseguir que las contiendas judiciales, desde su inicio hasta su final, se desarrollen de una manera rápida y eficaz, ya sea para una condena, absolución o archivo de la causa.
Pero la gravedad de la situación se encuentra en los derechos de los justiciables, aquellos que están pendientes de la resolución de un procedimiento para poder normalizar cuanto antes su situación y seguir hacia delante con sus respectivas vidas. En este sentido, se paralizan situaciones que podrían resolverse con cierta prontitud, beneficiando, en definitiva, a los ciudadanos.
Lamentablemente, en nuestra práctica jurídica, somos testigos diariamente de la frustración de nuestros clientes ante situaciones inexplicables, bien por la espera de 3 años para que se efectúe un desahucio, bien por una acción de retracto cuya audiencia previa fue el pasado mes de febrero, y el juicio ha sido fijado para abril de 2023, una demanda presentada el pasado año en abril y la audiencia previa fijada para finales del presente año, o bien por otras muchas más situaciones similares que podrían tener una pronta resolución.
Bien es cierto, que en los últimos años la Administración de Justicia ha avanzado ante esta problemática. Y aunque aún queda mucho por optimizar, se percibe cada día el esfuerzo de los Juzgados por recuperar la confianza perdida y demostrar a la ciudadanía el buen funcionamiento de esta administración pública.
Desde ORTEGO Y CAMENO ABOGADOS quedamos enteramente a su disposición para clarificarle cualquier cuestión que considere oportuna.
Equipo O&C.
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